La Ley de Finanzas de 2019 ha instaurado la obligación de inscripción registral para las actas y  convenios que contengan el reconocimiento y/o la obligación de reembolso de una deuda.

En este sentido, la DGI confirmó en una carta circular, el sometimiento de los convenios de anticipos en la cuenta corriente de socios, escritos o verbales y sea cual sea el documento que los prueba, es decir público o privado, a derechos de registro del 1,5%. En la práctica, distinguimos los siguientes cuatro casos:

Caso de anticipos en cuenta corriente de socios Aspectos aplicativos de la inscripción registral
1.      1. Existencia de un acuerdo escrito que mencione el anticipo en cuenta corriente acordado entre el socio y la empresa mencionando la cantidad adelantada y la fecha de vencimiento 1,5% de las cantidades a las que se hace mención en las actas y/o convenciones
2.      Existencia de un acuerdo escrito de anticipo en cuenta corriente escrito entre el socio y la empresa y que además menciona cantidad adelantada pero sin especificar una fecha de vencimiento. 1,5% de las cantidades a las que se hace mención en las actas y convenciones. La mención de la fecha de vencimiento no tiene ningún impacto en el tratamiento fiscal de la inscripción registral
3.      Existencia de un acuerdo escrito entre la empresa y el socio relativo al anticipo en cuenta corriente de socios pero que no menciona ni la cantidad adelantada ni la fecha de vencimiento Cuando el acuerdo no menciona la cantidad adelantada, la Agencia Tributaria procede a su evaluación en el marco de un procedimiento impositivo de oficio. La mención de la fecha de vencimiento o de la fecha de reembolso no tiene ningún impacto sobre el tratamiento fiscal de la inscripción registral
4.      Existencia de anticipos en la cuenta corriente de socios que no han sido constatados en un documento concluido por el socio y la empresa Las partes contratantes deben, recurriendo a un inspector de Hacienda, concluir una declaración detallada con el fin de registrar el anticipo

 

Conviene precisar que las partes concernidas disponen de 30 días a partir de la fecha de la realización de la operación para completar los trámites relativos al registro. Más allá de dicho plazo, se aplicarán penalizaciones e intereses de demora.

Referencias legales

Los artículos 127-I-A-2°; 133-I-C-5°; 136-I y 228-I-2° del Código General de Impuestos

 

Escrito por Ali SALIM  Manager de Impuestos

En el contexto de la actual crisis pandémica, las medidas de protección adoptadas a nivel mundial, ciertamente beneficiosas para la salud pública, ha tenido serias consecuencias en la economía de los países, ya que muchas empresas, especialmente pequeñas y medianas, se han visto obligadas a suspender sus actividades con todas los problemas económicos que ello conlleva (interrupción de pedidos, ERTE, pérdida de facturación, aumento del nivel de deuda, incumplimiento de cláusulas restrictivas, dificultades de acceso al crédito etc.). Por lo tanto, esta situación vinculada al COVID-19 podría amenazar seriamente la continuidad de la actividad de muchas empresas.

Principio de empresa en funcionamiento

La noción de «hecho que puede comprometer el funcionamiento de una empresa», como se desprende de las disposiciones del artículo 547 de la ley 15/95 que forma el Código de Comercio, vuelve a la palestra y debe ser tenido en cuenta tanto por los directivos de las empresas como por los expertos contables.

Según las normas contables marroquíes (CGNC), en la hipótesis del «principio de empresa en funcionamiento», la empresa debe preparar sus estados financieros con vistas a continuar su actividad. En consecuencia, salvo que se indique lo contrario, la empresa debe elaborar sus estados financieros sin la intención o la obligación de liquidar su activo o reducir significativamente su nivel de actividad.

En el caso de que se cumplan las condiciones para un cese total o parcial de la actividad, “el principio de empresa en funcionamiento” dejará de aplicarse  y será sustituido por la hipótesis de la cesión o liquidación.

Rol del censor jurado de cuentas

El censor jurado de cuentas, como agente de control garante de la sinceridad de la información financiera que emana de los estados financieros de una empresa, tiene un papel de prevención importante, ya que goza de una posición privilegiada para detectar los primeros signos de deterioro de la situación empresarial. Las disposiciones del artículo 547 del Código de Comercio especifican que: “El censor jurado de cuentas, si lo hay, (…) informa al jefe de la empresa de los hechos que puedan comprometer el “principio de empresa en funcionamiento”.

El inicio de la crisis sanitaria coincidió con el período de cierre / aprobación de cuentas anuales. La alerta del censor jurado de cuentas debe contener las consecuencias económicas directas de la pandemia y especificar las razones por las cuales pondría en peligro la continuidad de la actividad de la empresa durante el ejercicio en vigor o durante los siguientes.

Finalmente, los directivos, después de un análisis específico de la situación, deben elaborar un plan de medidas para paliar las posibles consecuencias de la pandemia que pueden conducir a la puesta en duda de la continuidad de la explotación de la empresa (modificación del capital social, transformación de la forma jurídica de la empresa, ERTE, búsqueda de nuevos socios, etc.)

El censor jurado de cuentas debe :

  • evaluar los planes de acción establecidos por la dirección para poder evaluar la probabilidad del cese parcial o total de actividad, determinar si la implementación de estos planes mejorará la situación y si los planes son pragmáticos teniendo en cuenta el contexto externo e interno;
  • revisar los pronósticos de los flujos de tesorería preparados por la administración, así como evaluar la fiabilidad de los datos presentados y la justificación de la lógica adoptada para la determinación de dichos flujos.
  • evaluar la asistencia financiera y otras formas de apoyo ofrecidas por el Estado a la entidad y sus empleados;
  • evaluar las facilidades de crédito y los plazos de reembolso;

Procedimientos colectivos

Los procedimientos colectivos previstos en las disposiciones del Libro V del Código de Comercio pueden ser una solución real si se aplican en el momento adecuado.

De hecho, el libro 5 ofrece una amplia gama de procedimientos a medida para hacer frente a las dificultades comerciales:

  • Prevención externa: se trata de anticipar las dificultades de las empresas para controlarlas mejor recurriendo al presidente del tribunal, quien puede, si lo considera pertinente, nombrar un representante especial para ayudar al gerente de la empresa a encontrar soluciones para una posible recuperación (establecimiento de un diálogo entre el gerente y su personal, obtener plazos de pagos de los socios de la empresa)…

 

  • El procedimiento de conciliación: considerado como la última fase antes del inicio de los procedimientos judiciales, el procedimiento de conciliación permite a los gerentes de las empresas en dificultades encontrar soluciones amistosas simples, rápidas y discretas para la mejora de la situación de la empresa. Su principal ventaja es permitir la suspensión temporal de los procedimientos judiciales, lo que permite que el gerente que no puede pagar a los acreedores solicite al presidente del tribunal la suspensión temporal de los procedimientos iniciados por sus acreedores, lo que lo deja tiempo para preparar un plan de recuperación empresarial. Esta medida de suspensión también prohíbe cualquier posibilidad de ejecución de un embargo sobre los activos de la empresa.

 

  • Procedimiento de salvaguardia Este procedimiento está dirigido a las empresas que enfrentan dificultades que no pueden superar y que probablemente las lleven al cese de pagos. El presidente del tribunal, después de haber escuchado al gerente, nombra a los órganos procesales (un administrador y un juez comisionado), cuyo objetivo es ayudar al gerente a preparar un plan de salvaguardia que permita La recuperación de la situación de la empresa. Dicho plan de salvaguardia especifica los compromisos necesarios para mantener el funcionamiento de la empresa y los medios que permiten su financiación, así como las garantías asignadas para la ejecución del proyecto del plan de salvaguardia. El tribunal ha fijado en 5 años la duración máxima de la ejecución del plan de salvaguardia durante el cual quedan en suspenso el resto de acciones judiciales

 

  • El procedimiento de enderezamiento: abierto a solicitud del deudor, o por uno de los acreedores o por el tribunal. Permite garantizar (i) la protección del patrimonio de la empresa (tomar medidas de protección y mantener todos los actos necesarios para la conservación de los derechos de la empresa contra sus deudores y la preservación de su capacidades de producción) (ii), la continuación de los contratos vigentes (contrato de arrendamiento, prestación de servicios,…) y (iii) la transferibilidad de los derechos sociales de los gerentes.

Escrito por Imane BENABOUD  Manager de Impuestos

Antes de la Ley de Finanzas (LDF) 2020, las empresas exportadoras se beneficiaban, en lo que respecta a la cifra de negocios generada a través de la exportación, de las siguientes ventajas:

  • Exoneración total del pago del Impuesto sobre Sociedades, durante un periodo de 5 años consecutivos a partir del ejercicio en el que se llevó a cabo su primera exportación;
  • Aplicación de un tipo del Impuesto sobre Sociedades limitado al 17,5% más allá de dicho periodo.

 

La LDF 2020 ha modificado el régimen fiscal de las exportaciones de la siguiente forma:

  • La supresión de la exoneración quinquenal anteriormente citada relativa a la cifra de negocios generada a través de la exportación;
  • El aumento del tipo del Impuesto sobre Sociedades del 17,5% al 20% en lo que respecta a dicha cifra de negocios.

 

Medida transitoria:

Temporalmente, las empresas exportadoras que hayan realizado su primera exportación antes del 1 de enero de 2020 continuarán beneficiándose de la exoneración quinquenal hasta que expire el periodo de 5 años consecutivos a partir del ejercicio en el que se llevó a cabo su primera exportación.

Más allá de este periodo, dichas empresas se beneficiarán, en lo que respecta a la cifra de negocios generada a través de la exportación, de un tipo del Impuesto sobre Sociedades del 20%.

Es importante precisar que las empresas que realicen su primera exportación a partir del 1 de enero de 2020, no se beneficiarán de la exoneración quinquenal del Impuesto sobre Sociedades en lo que respecta a la cifra de negocios generada a través de la exportación.

Además, el nuevo tipo del 20% se aplica a los ejercicios abiertos a partir del 1 de enero de 2020.

 

Referencias legales:

Los artículos 6 (I- B – 1° y I- D- 3°) y 19 (I-A-1°) del Código General de Impuestos.

 

Escrito por Ali SALIM  Manager de Impuestos

La Ley de Finanzas (LDF) para el año fiscal 2020 publicada en el Boletín Oficial nº6838 bis ha readaptado el baremo progresivo en materia de Impuesto sobre Sociedades de la siguiente forma:

  • Alza del tipo del IS del 17,5% al 20% para el tramo intermedio de beneficios, es decir aquellos comprendidos entre 300 001 MAD y 1 000 0000 MAD
  • Alza del tipo del baremo limitado al 20% (en vez del 17,50%), que se aplica al tramo cuyo beneficio neto es superior a 1 000 000 MAD para las siguientes empresas :
    • Las empresas exportadoras (Consulte nuestro artículo “El nuevo régimen fiscal de las empresas exportadoras” para conocer más detalles);
    • Las empresas hoteleras y de animación turística ;
    • Las empresas mineras ;
    • Las empresas artesanas ;
    • Los centros de enseñanza privada o de formación profesional ;
    • Les sociedades deportivas ;
    • Les promotores inmobiliarios ;
    • Las explotaciones agrarias ;
    • Las sociedades que ejercen actividades de externalización de servicios dentro o fuera de las plataformas industriales integradas (P2I) dedicadas a dichas actividades.

Baremo progresivo antes de la LDF 2020:

Beneficio fiscal neto (en MAD) Tipo Cantidad a deducir
<300.00 10% 0
de 300.001 à 1.000.000 17,5% 22.500
> 1.000.000 31% 157.500

 

Nuevo baremo progresivo aplicable a los ejercicios abiertos a partir del 1 de enero de 2020:

Beneficio fiscal neto (en MAD) Tipo Cantidad a deducir
<300.00 10% 0
de 300.001 à 1.000.000 20% 30.000
> 1.000.000 31% 140.000

 

Referencias legales: 

Los artículos 6 (I-B-3°; I-B-5°; I-D-1°; I-D-3° y I-D-4°); Art 6 (II-B-4°; II-C-1°-b; II-C-1°-c y II-C-2°)  y Art 19-I-A del Código General de Impuestos.

 

Escrito por Ali SALIM  Manager de Impuestos

Aplicación de las medidas adoptadas por el Fondo Nacional de Seguridad Social (CNSS) en respuesta al Covid-19

El CNSS ha anunciado la aplicación de medidas de apoyo a las empresas en dificultades. Estas medidas tienen como objetivo ayudar a los empleados, pero también a las empresas:

  1. En beneficio de los empleados que se encuentran en situación de suspensión temporal del trabajo: Concesión de una indemnización global neta de 2.000 DHS a todos los empleados declarados al CNSS en febrero de 2020, además de las asignaciones familiares y las prestaciones de la AMO, para el período comprendido entre el 15 de marzo y el 30 de junio de 2020.  (con sujeción a las condiciones que se detallan a continuación);
  2. En beneficio de las empresas: Una exención de las contribuciones patronales y del impuesto de formación profesional para las empresas que se comprometan a no reducir su plantilla, declarada en febrero de 2020, en más del 20% para el período comprendido entre el 15 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2020. (en condiciones aún no definidas) ;

A continuación se describen las disposiciones prácticas para la aplicación de la primera medida. En cuanto a la segunda medida, todavía estamos esperando más detalles sobre las condiciones de su aplicabilidad.

Elegibilidad :
Empleados, en paro temporal declarado al CNSS para el mes de febrero de 2020, y bajo la responsabilidad de empleadores en dificultades, afiliados al CNSS.

Métodos de aplicación :
El CNSS ha anunciado la puesta a disposición de los empleadores de un portal electrónico «covid19.cnss.ma» dedicado a la presentación de reclamaciones para beneficiarse de la prestación durante el período comprendido entre el 15 de marzo y el 30 de junio de 2020.

  • Si el empleador es miembro del portal DAMANCOM, el sistema le pedirá que introduzca el nombre de usuario y la contraseña del portal DAMANCOM;
  • Si el empleador no es miembro de DAMANCOM, el portal le ayudará a crear una cuenta. Recibirá su nombre de usuario y contraseña por correo electrónico;

El portal presentará al empleador la lista de empleados declarados para el mes de febrero de 2020.
El empleador deberá seleccionar el personal en cese temporal de esta lista y deberá formalizar en el portal su declaración jurada certificando que el cese total o parcial de su actividad es inducido por la pandemia del Coronavirus Covid-19;
El personal seleccionado en la lista recibirá la suma global al final de cada mes del período en cuestión y se beneficiará de las prestaciones familiares y de la OMA, mediante transferencia bancaria o mediante su puesta a disposición. La asignación del 15 al 31 de marzo de 2020 está fijada en 1.000 MAD.

Se recomienda para este propósito:

  • Llevar a cabo las tele-declaraciones de los sueldos de todos sus empleados antes del final de cada mes y no antes del 10 del mes siguiente.
  • Transferir las tele-declaraciones después de la validación
  • Declarar a los empleados en cese temporal de actividad al final de cada mes con mantenimiento sin sueldo, desde el mes 04/2020 y hasta el final de la crisis,

Verificación de la elegibilidad :
El CNSS verifica que estos empleados no han reanudado su actividad asalariada (no hay declaración al CNSS).
El pago de la asignación de marzo de 2020 no estará condicionado por este cheque.

El comunicado de prensa publicado hoy, 24 de marzo de 2020, en el sitio web de impuestos proporciona aclaraciones sobre el aplazamiento de las declaraciones de impuestos que ahora pueden considerarse confirmadas y aplicables.

Declaraciones relativas a..:
Sólo se aplazan las siguientes declaraciones

  • La declaración del resultado fiscal (balance y sus anexos);
  • El impuesto adicional sobre la renta de las empresas que se debe pagar para el ejercicio económico de 2019;
  • La primera cuota prevista para el año en curso.

Las demás declaraciones (IVA, retención de impuestos sobre los salarios, dividendos, intereses, cánones, etc.) para las que las empresas son simples recaudadores intermedios deben ser presentadas y pagadas.

Las empresas afectadas:

  • Aplazamiento sin formalidades: las empresas cuyo volumen de negocios declarado para el ejercicio de 2018 sea inferior a 20 millones de dirhams pueden, si lo desean y sin formalidades, beneficiarse del aplazamiento de las declaraciones y del pago de los impuestos del 31 de marzo al final de junio.
  • Aplazamiento con acuerdo: las empresas cuyo volumen de negocios sea igual o superior a 20 millones de dirhams, que sufran un enorme perjuicio económico debido a la drástica disminución de la actividad y que se enfrenten a dificultades financieras, podrán solicitar al Ministro de Hacienda o a la persona en quien éste delegue a tal efecto, una medida benévola que les permita beneficiarse de un aplazamiento o aplazamiento del pago de los impuestos. El beneficio de estas medidas de benevolencia está sujeto a un examen individualizado de las solicitudes, teniendo en cuenta las circunstancias invocadas y los elementos que justifican la situación y las dificultades financieras de cada empresa.

Las medidas extraoficiales aún no son oficiales
En primer lugar, hay que recordar que a pesar de los numerosos anuncios y publicaciones sobre este tema, no existe ningún texto oficial de la DGI que autorice el aplazamiento de las declaraciones y los pagos. Por lo tanto, como medida de precaución, le recomendamos que por el momento cumpla con las obligaciones de información al 31 de marzo de 2020 (IR, IS, pagos por adelantado, etc.). A continuación describimos la situación legal exacta y las restantes zonas grises.

Medidas anunciadas por el Comité de Inteligencia Económica
En vista de la situación excepcional causada por la propagación de la pandemia del coronavirus, el Comité de Vigilancia Económica (CVE), presidido por el Ministro de Economía y Finanzas, tras su reunión del 19 de enero, decidió introducir una serie de medidas de alivio en favor de las empresas, las PYMES y las profesiones liberales en dificultades. Estas medidas incluyen, entre otras, la posibilidad de aplazar la presentación de las declaraciones de impuestos hasta el 30 de junio de 2020 para las empresas cuyo volumen de negocios para el ejercicio económico de 2019 no supere los 20.000 millones de dirhams marroquíes, así como la suspensión del pago de las cotizaciones a la seguridad social hasta el 30 de junio de 2020. Todas las medidas adoptadas por el CVE se publican en el sitio web del Ministerio de Hacienda, para más información véase el siguiente enlace https://www.finances.gov.ma/fr/Nos-metiers/Pages/news-dispositions-cve.aspx.

Recordamos a la Cámara que las medidas anunciadas no tienen fuerza de ley.

Decreto-Ley de 24 de marzo de 2020
Además, hoy, 24 de marzo, se ha publicado en el Boletín Oficial el decreto-ley sobre el estado de emergencia sanitaria (se adjunta la copia en árabe, la única disponible por el momento). El artículo 6 de dicho decreto estipula que todos los plazos previstos en las leyes y reglamentos vigentes quedan en suspenso hasta que se levante el estado de emergencia sanitaria (es decir, el 20 de abril de 2020, salvo prórroga). La única excepción prevista en las disposiciones de dicho artículo se refiere a los plazos de recurso ante el Tribunal de Apelación para las personas procesadas mientras están detenidas, así como a los períodos de custodia policial y de detención preventiva.

Nuestra lectura y posición de la Orden de Contadores Públicos
Según nuestra lectura del decreto, todos los plazos fiscales previstos en el CGI deben ser suspendidos ya que el artículo mencionado no prevé ninguna excepción a las disposiciones del CGI. Sin embargo, esto contradice el comunicado de la CVE que preveía la posibilidad de aplazar las declaraciones de impuestos sólo para las empresas cuyo volumen de negocios no supere los 20 MMAD (sin especificar si la suspensión se refiere también a los pagos anticipados y otras obligaciones de pago de impuestos).
Esta ambigüedad llevó al Colegio de Contadores Públicos a remitir urgentemente el asunto a la DGI para aclarar las disposiciones del artículo 6 del decreto mencionado.

En consecuencia, consideramos que es más prudente respetar los plazos de presentación y pago previstos por el CGI hasta la publicación de una nota explicativa de la DGI que tenga en cuenta las circunstancias actuales.

La loi n°70-14 relative aux OPCI stipule que ces derniers ont pour objet la construction ou l’acquisition d’immeubles exclusivement en vue de leur location, ainsi que toutes les opérations nécessaires à leur usage ou leur vente. Ces actifs immobiliers ne peuvent, en aucun cas, être acquis par les OPCI exclusivement en vue de leur revente.

Sur le plan fiscal, les OPCI bénéficient d’un régime de transparence fiscale permettant d’éviter la double imposition des revenus qu’ils perçoivent.

En effet, l’OPCI procède à la distribution des revenus qu’il perçoit au profit des porteurs des titres OPCI et le régime de transparence fiscale permet d’appréhender lesdits revenus au niveau des porteurs desdits titres.

Cette transparence fiscale se matérialise par l’octroi d’exonérations prévues par l’Article 6 du Code Général des Impôts (CGI) comme suit :

  • Une exonération permanente de l’impôt sur les sociétés, au titre des activités et opérations réalisées par l’OPCI conformément aux dispositions de la loi n°70-14 ;
  • Une exonération permanente de l’impôt retenu à la source sur les dividendes perçus par les OPCI ;
  • Une exonération permanente de l’impôt retenu à la source sur les sommes distribuées provenant des prélèvements sur les bénéfices pour le rachat d’actions ou de parts sociales des OPCI ;
  • Une exonération permanente de l’impôt retenu à la source sur les intérêts et autres produits similaires servis aux OPCI ;
  • Une exonération permanente de l’impôt retenu à la source sur les revenus des certificats de SUKUK servis aux OPCI ;

Le bénéfice des exonérations susmentionnées est subordonné au respect des conditions ci-après :

  • Evaluation des éléments apportés à l’OPCI par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes ;
  • Conservation des éléments apportés à l’OPCI pour une durée d’au moins 10 ans à compter de la date de l’apport ;
  • Distribution :
    • d’au moins 85% du résultat de l’exercice afférent à la location des immeubles construits à usage professionnel ;
    • de 100% des dividendes et parts sociales perçus ;
    • de 100% des produits de placements à revenu fixe perçus ;
    • d’au moins 60% de la plus-value réalisée au titre de la cession des valeurs mobilières.

Antérieurement à la Loi de Finances 2018, les dividendes distribués par les OPCI aux sociétés soumises ou exonérées de l’IS étaient soumis au régime de droit commun, et pouvaient à ce titre, bénéficier de l’abattement de 100% au titre de l’impôt sur les sociétés. Ce traitement impliquait une double exonération de ces dividendes.

La Loi de Finances 2018 a stipulé que les dividendes distribués par les OPCI ne pouvaient bénéficier de l’abattement de 100% au niveau de l’actionnaire, et ce, à compter du 1er Janvier 2018.

A cet égard, les dividendes distribués par les OPCI sont imposés comme suit :

Pour les actionnaires personnes physiques

Les dividendes distribués aux actionnaires personnes physiques demeurent soumis à la retenue à la source de l’IR et ce, au taux de 15%.

Pour les entreprises soumises à l’IR au titre du revenu professionnel déterminé selon les régimes du RNR et du RNS

Les dividendes distribués aux entreprises susmentionnées sont à inclure dans le résultat de l’entreprise et à soumettre au barème progressif de l’IR.

Pour les sociétés soumises à l’IS

Les dividendes distribués aux actionnaires sociétés soumises ou exonérées de l’IS, sont à inclure dans le résultat fiscal de la société et ne bénéficient pas de l’abattement de 100% prévu pour les dividendes.